Amado Fuguet V.
La campaña electoral, hasta su desenlace en octubre de 2012, concentrará hasta entonces la atención de empresarios, gerentes y trabajadores.
En el caso venezolano el resultado definirá el modelo económico para el resto de la década. Y, como tal, representará la gran referencia para la toma de decisiones de inversión y crecimiento empresarial hacia el mediano y largo plazo.
Pero las elecciones también invaden la agenda de estos actores porque la propia campaña incluye en el menú oficial la aprobación en caliente de medidas y leyes de gran impacto.
¿Qué dispone la carta? Instrumentos legales que imponen nuevas cargas impositivas, control de arrendamientos y precios, aceleración de expropiaciones, cierres temporales y, de postre, leyes laborales cuya ejecución podría resultar en un boomerang para quienes, en principio, serían reivindicados con ellas.
Para digerir este escenario, los empresarios deben sentarse en dos mesas: una institucional, a través de sus gremios, para dialogar con la dirigencia laboral y, por supuesto, con la política, para acordar un menú alternativo que evite la caída de la producción y del empleo productivo.
La otra mesa es la de las propias empresas. En cada una de las organizaciones sus líderes, además de asegurar los resultados operativos y administrativos, deben procurar con trabajadores y comunidades, la comprensión mutua de los efectos que ahora y después tendrá este cuadro.
Es un diálogo no para fijar posiciones electorales –lo cual sería un contrasentido-, sino para garantizar acuerdos o estrategias comunes que coadyuven a la estabilidad de las empresas y sus trabajadores.
Fuguet Comunicación y Cambio 