Amado Fuguet V.
En las últimas semanas varias cadenas de supermercados han sido objeto de presiones de distinto orden. Especialmente, a través de fiscalizaciones y cierres, bien bajo el argumento de que están generando desabastecimiento y especulación de precios, o bien por supuestos incumplimientos de obligaciones fiscales.
También han tenido que lidiar con acciones y paros generados por determinadas agrupaciones sindicales, que han determinado el cierre temporal de algunos establecimientos.
Independientemente de que puedan existir o no razones válidas para que las acciones fiscalizadoras o sindicales existan, nuevamente en este caso se repite el libreto: previa una actuación de los reguladores o de grupos sindicales, viene la amenaza de expropiación.
Así ha ocurrido con entidades de otros sectores económicos. Como consecuencia de una eventual toma de control, las empresas involucradas entran en un estado de precrisis, lo que genera no sólo la natural preocupación de sus dueños sobre las implicaciones de una posible estatización, sino también de otros actores que también serán impactados: los trabajadores -incluyendo los que protestan-, los proveedores, los acreedores y los clientes, entre otros.
Entrar en la indeseada lista de espera para abordar el tren de las expropiaciones se convierte, de esta manera, en una táctica de presión para acorralar a las empresas, pero también representa la argumentación de excusa que usará el gobierno para montar en este tranvía a quien le convenga.
El asunto es que la lista de espera no involucra sólo a las empresas que han sido anotadas, sino a todos los demás actores involucrados con ella. Eso es lo que genera un espiral de incertidumbre cada vez más generalizada que va más allá de las empresas en riesgo de estatización.